Un juicio penal señalado para 2026 y tres años con medidas provisionales por un informe psicosocial pospuesto sine die

La saturación de los servicios sociales que trabajan para el juzgado, en Melilla, es tal que un ciudadano lleva más de un año esperando un informe psicosocial y no hay fecha para que este se realice. La justicia ha admitido que los servicios sociales se encuentran totalmente desbordados por falta de personal. El afectado, implicado en un proceso de divorcio, lleva sometido a medidas provisionales desde hace tres años en un caso en el que se encuentra en juego el interés superior del menor.

El caso se remonta a 2019, cuando comienza un proceso de divorcio en el que se dirime la custodia de los hijos. Según el relato de la representación legal del padre, la madre se niega a la custodia compartida que reclama el progenitor, asegurando que él padece problemas mentales y el juzgado acaba adoptando, en 2020, unas medidas provisionales que no incluyen pernocta con el padre. Este reclama en ese momento un informe psicosocial pero, dada la tardanza, se pide que un perito, elegido por insaculación, realice un informe sobre el estado psicológico del padre y la mejor forma de custodia de los menores, a lo que la contraparte no objeta nada. Cuando la perito determina que el régimen deseable para el interés superior del menor es la custodia compartida, el letrado de la madre impugna a la profesional. Según manifiesta el abogado, Jaime Company, el siguiente episodio es el de la vista para la actualización de la situación en la que el juez advierte, una vez que el abogado se h

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