Tragedia en Barbate: ¿negligencia en la gestión de recursos y en la toma de decisiones?

En las últimas semanas los titulares han estado marcados por la tragedia que ha golpeado a tres familias y ha estremecido a toda una comunidad. Dos guardias civiles perdieron sus vidas y otro resultó gravemente herido en un intento por cumplir una orden que los llevó a enfrentarse a narcotraficantes sin los medios adecuados para garantizar su seguridad.

Lo sucedido en Barbate nos enfrenta a una pregunta fundamental sobre la responsabilidad penal de quienes están a cargo de la seguridad y salud de los trabajadores, especialmente en un contexto tan delicado como el de las fuerzas del orden.

La Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, Reguladora de los Derechos y Deberes de los Miembros de la Guardia Civil establece, en su artículo 31, derecho a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas. Sin embargo, en este caso específico, estos derechos parecen haber sido ignorados o, peor aún, desestimados en pos de cumplir una orden que resultó ser fatal y sin disponer de los medios adecuados para salvaguardar su seguridad.

Es evidente que las acciones del responsable último del servicio tuvieron consecuencias devastadoras en Barbate. La orden de «intimidar» a los narcotraficantes, sin los medios adecuados para respaldar esta acción, llevó a los agentes a una situación de extremo peligro. En un mundo donde las leyes y normativas de seguridad laboral est

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