La privación, que ya no es solo sinónimo de indigencia, ahonda en la brecha territorial y de género
Haber estudiado en la Universidad, tener trabajo y vivir en un país donde la economía crece ya no suponen un antídoto contra la precariedad. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social refleja que entre 2013 y 2022 el crecimiento en un 16,4% del PIB per capita en España no se tradujo en una disminución de la tasa de pobreza: el 20,4% en ambos años. Además, casi un tercio de la población pobre mayor de 15 años cuenta con un empleo remunerado y 1,4 millones tienen estudios superiores. El precio de la vivienda y la falta de apoyo a las familias están en el origen de muchos de esos casos.
La pobreza sigue además presentando una brecha de género —la tasa de riesgo de las mujeres es 1,3 puntos mayor que la de los hombres— y otra territorial: las comunidades autónomas al norte de Madrid presentan porcentajes más bajos que las comunidades del Sur. Es el viaje a la privación que va desde el 14,5% de Navarra hasta el 35,8% de Andalucía o el 41,3% de Melilla.
Los datos son elocuentes respecto a la dimensión estructural del fenómeno, pese a que, no obstante, en 2022 había 800.000 personas menos en riesgo de pobreza y exclusión social que el año precedente. La cifra muestra tanto una recuperación de las condiciones de vida anteriores a la pandemia como la eficacia de las medidas desarrolladas para hacerle frente.
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