Nota sobre las modificaciones introducidas por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2023 (LPGE), ha introducido numerosas modificaciones en materia de Contratación Pública que afectan tanto a la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”), como a normativa complementaria, como el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores.  

En la presente nota nos centraremos en el estudio de las modificaciones más reseñables de la LCSP. Las modificaciones se han practicado sobre los siguientes preceptos:

  1. El artículo 29 (Plazo de ejecución de los contratos y de ejecución de la prestación), estableciendo que la prórroga excepcional de nueve meses en el caso de los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición, se podrá acordar cuando se hayan enviado las invitaciones a presentar oferta para el nuevo contrato basado o específico, al menos quince días santes de la finalización del contrato primigenio.
  2. El apartado segundo artículo 69 (Uniones de Empresarios), introduciéndose un apartado en el que se expone que cuando se detecten posibles indicios de colusión entre empresas agrupadas en UTE, se aplicará el nuevo procedimiento regulado en el artículo 150.1 LCSP.
  3. El apartado d) del artículo 71.1 (Prohibiciones de Contratar), en el sentido de
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