Modificaciones procesales previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda (III)

El mes pasado publicamos un artículo en este blog en el que analizamos la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda y en concreto, la trascendencia que tenía en el ámbito de las relaciones contractuales.

Pues bien, ahora, y como continuación del anterior artículo, nos centraremos en el ámbito judicial, concretamente, en las reformas procesales que dicha ley ha introducido y que afectan directamente a aquellos arrendadores que, con el fin de recuperar la posesión del inmueble, insten el correspondiente procedimiento judicial.

Así, hemos de comenzar con la modificación del art. 439 de la LEC, el cual introduce un nuevo requisito de admisibilidad que será de aplicación a las demandas de desahucio arrendaticio por falta de pago o precario, de tutela sumaria de la posesión y protección de derechos reales inscritos.

Dicho requisito consiste en que en la demanda, se especifique: (i) si la vivienda arrendada es el domicilio habitualdel ocupante; (ii) si el arrendador es gran tenedor, debiendo en el caso de no serlo, aportar una Certificación del Registro de la Propiedad que así lo acredite; (ii); y si se es gran tenedor, manifestar si el inquilino se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica o social, para lo cual deberá de aportar documento acreditativo, de vigencia no superior a tres meses, emitido, por las administraciones autonómicas locales expresamente designadas.

Añadiéndose para el caso de ser gran tenedor, un cuarto requisito, si

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