Los expertos en Constitucional avalan que un condenado sin sentencia firme sea inelegible

El artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral determina, en su primer apartado, qué personas se encuentran incursas en una causa de inelegibilidad: 6.1 LOREG miembros de la Familia Real; magistrados, jueces y fiscales en activo; presidentes, vocales y secretarios de las Juntas Electorales, delegados y subdelegados del Gobierno… En el segundo, establece quienes resultan inelegibles: A) Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena y B) los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la misma haya establecido pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal. Algunos juristas han planteado dudas sobre el encaje constitucional del artículo 6.2 b, aunque otros afirman con contundencia que no cabe ninguna duda sobre su adecuación al marco de la norma suprema.

El debate jurídico en torno a esta cuestión se ha avivado tras la inclusión en las listas electorales de Bildu de 44 exmiembros de ETA condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre. La Fiscalía General del Estado ya ha rechazado, con contundencia, la posibilidad de ilegalizar a la coalición de partidos que conforman Euskal Herría Bildu. “Bildu

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