Los afectados por la talidomida denuncian a Asuntos Sociales ante la Fiscalía por el impago de indemnizaciones

AVITE, la Asociación de Víctimas de la Talidomida, ha celebrado su 15ª Asamblea General en Madrid. En la misma ha anunciado que ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía porque no han cobrado las indemnizaciones que el Gobierno se había comprometido a entregarles.

Los afectados se mantienen en contacto casi a diario por correo electrónico o teams, y la propia Junta Directiva, ditigida por Jose Riquelme, su presidente, y Rafael Basterrechea, vicepresidente, con el apoyo jurídico de su asesor legal, Ignacio Martínez, les da información actualizada de la situación de sus reclamaciones. Así llevan los últimos veinte años.

Los talidomínicos apuran sus opciones, pero mantienen la esperanzade que en algún momento se resolverá su problema. Afirman que con “este Gobierno Frankestein no hay nada que hacer”. “Esperamos que si hay cambio de Gobierno cambie el talante hacia nosotros”, apunta Riquelme.

Aseguran que acaban de escribir al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, para explicar su caso y mantener una reunión con él. En este último año han fallecido ocho socios. Según los cálculos de esta asociación, el Estado se ahorra con estos fallecimientos un millón de euros por cabeza.

En la denuncia registrada hace unos días en la Fiscalía piden a Ortiz que abra una investigación ante el proceder equivocado del Ministerio de Asuntos Sociales “que podría estar inmerso en un delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal

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