Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Para dar un cumplimiento adecuado a la Ley 2/2023 de 20 de febrero es importante entender que su finalidad principal es dotar de un marco de seguridad y protección a los informantes que dentro de las organizaciones donde presten sus servicios detecten irregularidades o ilegalidades de las que quieran informar a las autoridades. Su objetivo final no es otro que el de facilitar la transparencia y combatir la corrupción y la comisión de otros delitos en el seno de las entidades públicas o corporaciones privadas.

Para conseguir este fin, la Ley establece unos canales o sistemas de información:

  • Interno: deberá diseñarse dentro de la propia organización
  • Externo: que deberá poner a alcance de la población las administraciones públicas competentes
  • Revelación pública: donde entran en juego los medios de comunicación y la prensa.

Esta nueva Ley de Protección del Informante, es de obligado cumplimiento para las entidades públicas, personas físicas o jurídicas del sector privado de más de 50 trabajadores que se podrán adaptar hasta el 1 de diciembre, debiendo las de más de 250 empleados haberse adaptado a fecha 13 de junio de 2023.

Si nos centramos en las obligaciones que deben cumplir las empresas, para darle efectividad a la norma y evitar posibles sanciones, nos debemos limitar a analizar el Canal Interno. Este canal o sistema de comunicación deberá: 

  • Ser fácilmente accesible y transparente en su funcionamiento
  • Procurar el anonimato de los informantes que as
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