Las solicitudes de permisos deberán responderse en un plazo máximo de tres meses

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija que las solicitudes de permisos ordinarios de los reclusos deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses, salvo aquellas peticiones que tengan carácter extraordinario, en cuyo caso el centro penitenciario justificará el plazo de resolución de forma individualizada.

El tribunal considera que “un desmedido interregno” entre la denegación de un permiso y el análisis por el Centro de la solicitud de concesión de uno nuevo “no resultaría acorde con el tratamiento penitenciario ni con los fines de reeducación y reinserción social” que recoge el artículo 25.2 de la Constitución.

La Sala estima el recurso interpuesto por un preso del Centro Penitenciario de La Moraleja (Dueñas, Palencia) que presentó una queja contra el sistema semestral de estudio de permisos establecido en dicha cárcel. El interno exponía el perjuicio que le causaba que su petición se analizara cada seis meses, ya que en ese tiempo podían variar mucho las circunstancias a tomar en consideración. Por ello, pedía que se estudiaran cada tres meses, pero su solicitud fue rechazada por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y por la Audiencia Provincial de Palencia, que adujo razones organizativas de funcionamiento del centro.

El Tribunal Supremo, en cambio, da la razón a este recluso, cuya petición contaba con el apoyo del fiscal, y resuelve que el plazo máximo de estudio debe ser de tres y no de seis

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