La posibilidad de denegación de una orden de detención europea también debe aplicarse a nacionales de terceros Estados

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera discriminatorio el trato dispensado hacia los ciudadanos de terceros Estados residentes en un Estado Miembros cuando se impide que los jueces del Estado en el que viven analicen la procedencia y, en su caso, rechacen entregarlos a otros países en virtud de una orden de detención europea. La Gran Sala determina así que la posibilidad de denegar la ejecución de la orden para que la pena se cumpla en un Estado miembro, también debe aplicarse a los nacionales de terceros Estados, atendiendo a los vínculos que la persona reclamada mantenga con el país.

El caso que da lugar a esta sentencia se remonta a febrero de 2012, cuando el Tribunal de Primera Instancia de Brașov (Rumanía) emitió una orden de detención europea contra un nacional moldavo. La orden se dirigió al Tribunal de Apelación de Bolonia, puesto que esta persona residía en Italia. Aunque su defensa había demostrado el arraigo familiar y laboral en Italia, la autoridad judicial requerida en Italia aseguró que carecía de la facultad de denegar la entrega a Rumanía para ejecutar la pena en Italia. Según la ley italiana que transpone la Decisión Marco relativa a la ODE,  esa facultad se limita a los nacionales italianos y a los nacionales de otros Estados miembros de la Unión que presenten vínculos con Italia, con exclusión de los nacionales de Estados terceros.

El Tribunal Constitucional italiano consideró que debía examinarse la com

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