La policía tiene derecho a investigar en profundidad los indicios delictivos contenidos en ordenadores, según el TS

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años y medio de cárcel a un hombre acusado de cometer un delito de difusión de pornografía infantil. En su recurso, su abogado alegó que el registro domiciliario estaba viciado porque, en un principio, los agentes no encontraron ningún archivo delictivo. En cambio, sí que lo hicieron cuando analizaron en profundidad los aparatos electrónicos en dependencias policiales.

La sentencia 999/2022 de 22 de diciembre ha sido analizada por Escarlata Gutiérrez, fiscal especialista contra la criminalidad informática en sus redes sociales. Y los magistrados que la han firmado han sido Ángel Luis Hurtado, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo de la Torre, Antonio de Moral García y Carmen Lamela Díaz.

La investigación comenzó cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió en octubre de 2015 una alerta internacional sobre distribución de pornografía infantil a través de internet donde se hacía referencia a una dirección IP concreta donde se compartía este tipo de contenido a través del programa de archivo «ARES».

Los agentes solicitaron al juez una orden para poder registrar el domicilio. Tras concedérsela, entraron a la casa del acusado para visualizar los dispositivos electrónicos que tenía pero, en un primer momento, no encontraron nada.

Encontraron 67 archivos de pornografía infantil

Pero posteriormente decidieron llevarse el ordenador por

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