La Administración no tiene plazo para comprobar la veracidad de la declaración responsable de un ciudadano

La sentencia 293/2023, de 8 de marzo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo sienta doctrina sobre las declaraciones responsables y comunicaciones previas.

En la cuestión casacional resuelta por el Tribunal Supremo se planteaba la determinación del plazo en el que la Administración competente puede ejercitar las potestades de comprobación, control e inspección de las actividades iniciadas por los particulares de acuerdo con el régimen de la declaración responsable o comunicación previa.

Según recoge la sentencia, “el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece el régimen[1] de las autorizaciones que comportan tanto las declaraciones responsables como las comunicaciones previas.

Estos medios que habilitan para el ejercicio de un derecho o de una actividad tienen la peculiaridad de que, a diferencia de las clásicas licencias o autorizaciones, su ejercicio por los ciudadanos no requiere un previo acto de la Administración competente que así los declare, tras una previa comprobación de que se reúnen las condiciones para dicho ejercicio del derecho o actividad.

Afirma el Supremo que “en nuestro ordenamiento jurídico era tradicional que el ejercicio de derechos o actividades que afectaran, en mayor o menor medida, a los intereses generales, debían someterse a un previo acto de control de la Administración competente, que debía, con carácter previo, autorizar su ejercicio ef

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