Justicia restringe el acceso al Registro de Titularidades Reales sólo a las personas con interés legítimo

El acceso y consulta del Registro de Titularidades Reales va a quedar limitado a las personas u organizaciones que demuestren un interés legítimo. Además, quienes estén obligados a dar información a este registro y no lo hagan pueden ser sancionados.

Así ha quedado establecido en el Real Decreto ley 5/2023, de 28 de junio (Real Decreto Omnibus) por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas, se trasponen varias directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

En lo tocante al Registro de Titularidades Reales, se incluyen modificaciones en las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que regulan el acceso y uso de este registro.

Según se explica en el texto del Real Decreto, esta modificación tiene por objeto adecuar la legislación española a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE) en relación con la Directiva (UE) 2018/843 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Infracción por ausencia de declaración

De este modo,

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