Expertos avisan que aplicar el artículo 155 por el conflicto con Castilla y León es descabellado desde el punto de vista jurídico

La  guerra administrativa abierta entre el Gobierno Central de Pedro Sánchez y el autonómico de Castilla-León con la protección del aborto como telón de fondo podría acabar en el Tribunal Constitucional como juez que determinaría si hay un conflicto de competencias entre ambos ejecutivos.

Después de distintas declaraciones de ministros de Sánchez, este Ejecutivo aprobaba este martes en Consejo un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o el Real Decreto 825/2010 que desarrolla parcialmente esa norma.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, recordaba  que no puede obligarse a los médicos a ofrecer pruebas a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y tampoco se les puede dar instrucciones o sugerencias ni recomendaciones en este sentido.

«Isabel Rodríguez, recordaba  que no puede obligarse a los médicos a ofrecer pruebas a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo» (Foto: Moncloa)

«La libertad de las mujeres sobre su maternidad y la autodeterminación ha quedado manifiestamente posicionada por parte del Tribunal Constitucional en su jurisprudencia», ha añadido.

De esta forma el mensaje que el Gobierno de Sánchez ha lanzado a la opinión publica es que no va a permitir que se retro

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