En los casos de materias clasificadas debe justificarse el interés público esencial en el que se basa la pretensión de información

En la Sentencia 40/2023 de 7 febrero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) -JUR202367952-, resuelve el Tribunal Supremo dos cuestiones de interés casacional planteadas en relación con el derecho al acceso a registros y archivos públicos en conexión con el interés público a la preservación del carácter confidencial e, incluso, secreto de determinadas informaciones y actuaciones de las Administraciones Públicas y, en concreto, del Gobierno.

El artículo 105.b) CE incorpora un principio objetivo rector de la actuación de las Administraciones Públicas, derivado de las exigencias de democracia y transparencia. Asimismo, dicho precepto reconoce un derecho subjetivo de las personas ejercitable frente a las Administraciones Públicas[i]. Se trata de un derecho constitucional de configuración legal que no es, por tanto, un derecho fundamental, encontrando en la propia Constitución un límite expreso en el inciso «salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado».

El derecho de acceso a archivos y registros públicos refleja una concepción de la información que obra en manos del poder público acorde con los principios inherentes al Estado democrático (en cuanto el acceso a los archivos y registros públicos implica una potestad de participación del ciudadano y facilita el ejercicio de la crítica del poder), y al Estado de Derecho (en cuanto dicho acceso constituye un procedimiento indirecto de fiscalizar la sumisión de la Administración a

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