El Supremo resuelve sobre cuáles son los límites de la protección de un denunciante de corrupción

La Sección Primera de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha dejado vista para sentencia la vista publica que concluía una hora después de las diez de la mañana de este martes sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia  de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de retirar la condición de denunciante de corrupción a un funcionario al que la Agencia Antifraude valenciana había reconocido dicho estatus.

Esta vista, que ha generado una gran expectación con la asistencia de juristas y medios de comunicación, analizará el recurso presentado por la Agencia Antifraude contra la resolución del TSJ, que dio la razón al ayuntamiento alicantino de Los Montesinos donde trabajaba dicho funcionario, privándole así de la protección como whistleblower.

Esta Sección Tercera se ha centrado en analizar las pruebas documentales que han aportado las partes, tanto el letrado defensor de la Agencia Valenciana Antifraude, como la abogada del Ayuntamiento de los Montesinos como también el abogado del propio alcalde, el socialista José Manuel Butrón.

De contenido de este auto, del que fue ponente la magistrada de la sección primera de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo María Isabel Perelló, se deduce que la cuestión a dilucidar por el Supremo es si la protección a los denunciantes de corrupción que fija una directiva europea «solamente resulta de aplicación en aquellos supuestos en los que exista una denuncia administrativa«, criterio que defiende el TSJ, o si

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