El señalamiento en la ley de un plazo para la ejecución reglamentaria tiene carácter imperativo

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, 300/2023 de 8 marzo (JUR2023124358), el Tribunal Supremo confirma su doctrina sobre la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente los supuestos de inactividad reglamentaria.

El recurso contencioso-administrativo se interpuso por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos[1] contra la inactividad del Gobierno al no cumplir la obligación de aprobar una norma reglamentaria, en el plazo de seis meses, que establezca una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemple la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad, en los términos previstos en la redacción dada a la disposición final quinta bis de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, por la disposición final tercera de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, de medidas urgentes contra la sequía.

Esta obligación viene recogida en la Disposición final cuadragésima quinta[2], de la ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, dedicada a la adecuación de los costes del suministro agrario.

La parte recurrente había presentado, el 1 de julio de 2021, una solicitud ante el Gabinete de la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se requería al Gobierno para el cumplimiento de la recogido en la Disposición final cuadragésima quinta de la L

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