El recurso de Ayuso al Constitucional por el impuesto a las grandes fortunas anuncia una intensa batalla judicial

La batalla judicial por la armonización fiscal está a punto de estallar. La maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez de crear el 28 de diciembre un impuesto a las grandes fortunas solivianta a Comunidades Autónomas como Madrid y Andalucía, donde tienen bonificado el impuesto de patrimonio y augura una contienda larga en los tribunales.

El pasado miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que el Gobierno regional recurrirá antes de finalizar el mes de enero y ante el Tribunal Constitucional el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, al considerar que este gravamen estatal invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.

Los expertos consultados por Economist & Jurist auguran una contienda judicial intensa en la que elementos como la retroactividad o la búsqueda de la armonización fiscal a las bravas y por la puerta de atrás podrían ser tenidas en cuenta por el Tribunal de Garantías.

Un Constitucional ahora comandado por los jueces progresistas recién elegidos, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán, podría hacer que su respuesta se retrasase bastante. En esta batalla judicial también se espera que los contribuyentes afectados paguen el impuesto y luego lo impugnen en los tribunales, aconsejados por sus asesores legales.

Para la presidenta, “no hay justificación” para crear este tributo “ignorando, además, la Co

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