4 de noviembre de 2023 – Cada vez más empresas de inversión están adoptando medidas proactivas no solo para garantizar que sus operaciones cumplan con la legislación, también para asegurarse de forma preventiva de que son inequívocamente éticas y sostenibles. La confiabilidad financiera y reputacional del activo o empresa objeto de inversión, junto con el cumplimiento de criterios de sostenibilidad o políticas (ESG y RSC), son los aspectos críticos a evaluar de forma previa a participar en una inversión comercial.
Los fondos de inversión, como sujetos obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT), son exigentes con el cumplimiento normativo, especialmente debiendo informarse de la licitud de los fondos con los que van a realizar las operaciones y de la actividad de la empresa en la que se va a invertir. De no hacerlo, su participación en proyectos irregulares o en fondos ilegítimos podría considerarse cooperación necesaria en un delito de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Según un estudio del Financial Times, las multas por incumplimiento de normativa en materia de PBC/FT aumentaron un 50% a nivel global en 2022. El objetivo de estas sanciones se dirige a prevenir el uso del sistema financiero global como medio para canalizar fondos ilícitos. Este aumento enfatiza no solo los riesgos que bancos e instituciones financieras enfrentan en el contexto actual, sino también destaca
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