11 de noviembre de 2023 – El letrado de cabecera del expresidente fugado tiene un largo historial delictivo. Pese a todo, figura como uno de los posibles beneficiarios de la amnistía.
El abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, 1965), activista de origen chileno que se licenció en Derecho mientras cumplía condena en prisión, se pasea ante la prensa patria e internacional como un apasionado defensor de la legalidad, el Estado de Derecho y las libertades de los expresidentes Quim Torra y Carles Puigdemont. Sin embargo, el letrado del prófugo Puigdemont tiene sus propias causas judiciales pendientes en nuestro país. Boye está procesado en la Audiencia Nacional (AN) por blanqueo de capitales en una pieza separada de la causa abierta contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, que en los próximos meses le llevará a comparecer ante el órgano judicial.
En junio de 2021, la Sala de lo Penal de la AN ratificó la tesis de la juez de instrucción María Tardón –tras rechazar el recurso del abogado contra el auto de la magistrada– que vinculaba a Boye con sendas operaciones de la organización criminal de Miñanco para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y la creación de un entramado paralelo para blanquear el dinero obtenido.
El papel del polémico letrado –en la trama que implicó a 45 personas físicas y otras cinco jurídicas– habría consistido, presuntamente, en la falsificación de documento
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