Cómo implantar el canal interno de denuncias según la ley 2/2023

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción 

Transpone la Directiva (UE) 2019/1937, convirtiendo en obligatorio el “canal de denuncias” para todas las entidades del sector público, incluidas todas las entidades locales, con independencia del tamaño; así como para las entidades jurídicas del sector privado que empleen a 50 o más trabajadores; y partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador contempla multas que oscilan entre los 1.001 y los 300.000 euros, en el caso de personas físicas; y los 100.000 y el millón de euros, en el caso de las personas jurídicas.

En el caso de infracciones muy graves, no se podrá acceder a subvenciones o beneficios fiscales durante un plazo de 4 años, ni contratar con el sector público durante un plazo de 3 años.

Sujetos obligados a contar con un sistema interno de información (arts. 10 y 13 de la Ley 2/23)

A. Sector privado. Todas las empresas (personas físicas o jurídicas) que tengan contratados 50 o más trabajadores.

Además, con independencia del número de empleados, están obligados los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

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