La reforma de la financiación autonómica, pendiente desde hace 14 años y que debería revisarse cada cinco, así como las deudas que tienen las comunidades autónomas con el Estado y una posible quita de la misma, se han colado en la escena política de cara a una posible investidura del Presidente del Gobierno.
El Estado financia los servicios públicos traspasados a las comunidades autónomas, como la sanidad o educación, desde los años 80, pero es en 2009 cuando la Administración central y los gobiernos autonómicos acordaron una ley que se refrendó en el Parlamento para modernizar el sistema.
Afecta a las CCAA de régimen común (todas excepto el Euskadi y Navarra, que cuentan con sus propios sistemas de financiación) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y su objetivo es mejorar el Estado de bienestar de todas las comunidades garantizando la equidad y la suficiencia. La idea era actualizar el modelo cada cinco años, pero no se ha cumplido.
El Procés, el conflicto aparentemente rupturista entre Catalunya y el Estado, tiene su origen en las discrepancias sobre la financiación de esa comunidad que en septiembre de 2012 manifestaron los entonces presidentes de la Generalitat y del Gobierno central, Artur Mas y Mariano Rajoy. Se trata del principal enfrentamiento registrado hasta la fecha a cuenta del irresuelto sudoku fiscal español.
¿Cómo, cuándo y cuántos recursos traspasa el Estado?
Los gobiernos cal
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