Antes de exigir al Estado responsabilidad patrimonial para la devolución de ingresos tiene que haber una impugnación en vía tributaria

Analizamos la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª núm. 603/2023 de 16 mayo. El Supremo ha visto en este caso un recurso contencioso-administrativo interpuesto por una empresa en impugnación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de marzo de 2022, por el que se desestimaba la reclamación de daños y perjuicios ocasionados en aplicación del Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que añadió la Disposición Adicional Decimocuarta en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; Real Decreto-Ley que fue declarado inconstitucional por la Sentencia 78/2020, de 1 de julio, del Tribunal Constitucional[1].

De conformidad con lo establecido en la mencionada DA 14ª, la recurrente se vio obligada al ingreso de una cuota tributaria, en concepto de segundo pago fraccionado a cuenta del mencionado Impuesto durante los nueve primeros meses de la anualidad de 2016, que era superior a la que debiera haber ingresado conforme a la normativa tributaria anterior a la mencionada reforma.

La actora, al amparo de la STC, solicitó indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, como consecuencia de haber practicado las autoliquidaciones de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, al amparo del Real Decreto-ley 2/2016, declarado inconstitucional. Alegaba que había ingresado a la Agencia Estatal d

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