A favor de una adecuada formación de letrados y graduados sociales en los aspectos procesales de la jurisdicción social

Cuando finalicé los estudios de Derecho, en junio de 1982, nuestra promoción comprobó como en ninguno de los cincos años en que se impartieron las diferentes asignaturas que integraban el ciclo formativo no se nos había ofrecido ninguna clase práctica relativa a cómo presentar una demanda, el funcionamiento de un órgano judicial, los entresijos del procedimiento y su desarrollo hasta dictar sentencia, o qué papel desempeñaban el secretario judicial, el Fiscal, el Abogado del Estado o el Procurador de los Tribunales, y aún menos de qué manera intervenían los funcionarios adscritos a la oficina judicial (auxilios, tramitadores y gestores), ni cuál era el funcionamiento normal de ésta.

De esta guisa, nos encontrábamos, en aquel lejano año de los Mundiales de fútbol celebrados en España y del cambio histórico-político liderado por el PSOE, orgullosos de mostrar nuestro título que acreditaba sobre el papel nuestra licenciatura en Derecho, pero sin la menor idea de cómo ni de qué manera debíamos encauzar nuestra profesión de abogado, salvo aquellos que, por una u otra razón, se decantaron por preparar oposiciones para la Administración del Estado, autonómica o local o, sencillamente, se incorporaron a un despacho colectivo de abogados donde, se supone, serían adecuadamente formados. Y lo anterior con el obligado paréntesis de nuestra forzosa incorporación al servicio militar que nos abría un paréntesis de, al menos, trece meses en dique seco.

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